Al menos 19 legisladores dieron su aprobación para reformar el Código Penal de Aguascalientes, y reducir de 12 a 6 el número de semanas de gestación en las que está permitida la interrupción legal del embarazo. Esta iniciativa, promovida por la mayoría de los diputados de la legislatura, se votó mientras el Palacio Legislativo era fuertemente custodiado por más de un centenar de policías estatales, entre los que se encontraban granaderos.
Afuera, además de un grupo de manifestantes de colectivos feministas, había decenas de simpatizantes del partido Morena, que a su vez se manifestaban por otro de los puntos en el orden de día que sería votado: la modificación al contrato y la relación que tiene el municipio de Aguascalientes con la empresa Next Energy.
Respecto a las reformas aprobadas al Código Penal, uno de los diputados promoventes declaró en entrevista previa conocer lo dictado por la Suprema Corte Nacional de Justicia el año pasado, cuando los magistrados dieron la indicacion a los legisladores de despenalizar el aborto en la entidad.
“La realidad es que lo que el legislativo ha planteado, es la reducción de 12 a 6 semanas para darle la posibilidad real al estado de proteger la vida. El fundamento básico que tiene el estado es la protección de la vida. Respecto a la Corte: hay que dejar claro que invalidó una norma establecida, pero eso no quiere decir que los diputados actuales no tengamos la posibilidad de cambiar la norma” afirmó Enrique García López, uno de los diputados panistas promoventes.
Y es que el pasado 13 de diciembre, vía cédula (es decir, no se dieron a conocer los nombres de los diputados detrás de cada voto), el Congreso ya había aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pues de lo contrario habrían caído en desacato al ser una determinación de la SCJN, tras un amparo interpuesto por colectivos feministas.
Penas por practicar abortos y una nueva ley de protección a la vida
En 2023, la Corte declaró que la norma establecida en Aguascalientes por los legisladores respecto a “proteger la vida desde la concepción”, atentaba contra los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes.
Ahora, en las iniciativas votadas por los legisladores, se aprobaron por mayoría dos propuestas que se complementan entre sí.
La primera, aprobada con 19 votos, establece que el aborto “pone en riesgo la integridad de la vida humana, y por ende, debe estar sujeto a restricciones y penalizaciones” además de que puede tener “implicaciones para la salud mental y física de las mujeres”. Los diputados buscaron establecer un “límite” al ejercicio del “derecho a decidir”.
Así, se aprobó que la interrupción legal del embarazo solo aplica en las primeras seis semanas de gestación, mientras que también se establecen sanciones para quien lo haga después: de 3 a seis meses de prisión, y para los médicos que participen en los procedimientos, se aprobaron sanciones que incluyen hasta 1 año de cárcel.
La segunda iniciativa promueve la “Ley para la Protección a la Vida”, y elimina el término manejado por la SCJN respecto a las personas gestantes. En la iniciativa, se argumenta que esto tiene “un vínculo con la agenda transgénero”, y que a su vez, se relaciona “con la mutilacion de genitales sanos”.
También, establece “el fomento a la institución del matrimonio”, dado “que una mujer sola es más vulnerable que una mujer casada”. Esta iniciativa promueve campañas de información sobre “el valor del amor”, y la restricción de determinados métodos anticonceptivos. Bajo estos estipulados, se aprobó crear el Sistema Estatal de Protección a la Vida.
Los colectivos feministas, y diferentes organizaciones que abogan por los derechos reproductivos, han anunciado que se interpondrán nuevos recursos legales ante tales aprobaciones.
