Durango, segundo estado en homologar marco legal con reforma judicial

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El estado de Durango ya logró homologar su legislación local con la reforma al Poder Judicial, convirtiéndose en la segunda entidad del país en concretar este proceso, únicamente después de Michoacán.

El diputado Héctor Herrera Núñez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que 28 cabildos municipales votaron a favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, recordando que se requería la mitad más uno de los 39 cabildos con aprobación. No obstante, otros cabildos continúan reuniéndose para emitir sus votos.

“Estuvieron sesionando rápidamente los municipios, es una reforma relevante a nivel nacional, aquí ya se hizo la homologación”, mencionó.

Explicó que esta homologación permitirá que en 2025 se lleve a cabo una primera etapa de elecciones de magistraturas para diversos tribunales, la segunda etapa se dará en el año 2027.

En esa etapa inicial, se elegirán 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia, 1 para el Tribunal Judicial Penal para Adolescentes y 5 para el Tribunal de Disciplina Judicial.

“Esta homologación nos va a poner en la mira a nivel nacional para bien”, afirmó.

Además, el legislador dio a conocer que Congresos de otros estados han solicitado información sobre el proceso que permitió a Durango alinear su marco jurídico local con el federal, con la finalidad de llegar al mismo objetivo.

Para garantizar el éxito de las elecciones en 2025 ante la reforma al Poder Judicial, Herrera Núñez enfatizó la necesidad de dotar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango de los recursos suficientes. Entre los gastos previstos se incluyen la impresión de boletas, capacitación de funcionarios y la instalación de urnas adicionales, sin embargo, hasta el momento no hay un presupuesto específico presentado por la autoridad electoral.

Puntualizó que los gastos se coordinarán con las elecciones municipales de 2025, por lo que consideró que los costos no deben ser tan elevados al aprovechar la infraestructura electoral ya existente.

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