México se encamina a una reforma judicial, una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que desató una huelga, tensó la relación con Estados Unidos y genera desconfianza en los mercados.
La columna vertebral de esta reforma constitucional plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. Y tiene el camino despejado gracias a la aplanadora mayoría gubernamental que asumirá el control del Congreso el próximo domingo. Aquí los puntos clave de la iniciativa.
REFORMA JUDICIAL EN MÉXICO, UNA INICIATIVA PARECIDA A LA DE BOLIVIA
Alegando que el poder judicial está al servicio de las élites, López Obrador plantea que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por los ciudadanos mediante el voto popular.
Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente, los miembros de la SCJN son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.
Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente iguales: tener mínimo 35 años de edad para ministros y magistrados y diez como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral y gobernador.
El proyecto, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, propone disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal. Además de recortar sus mandatos de 15 a 12 años.
De igual manera, plantea crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99 por ciento, según la oenegé Impunidad Cero.
El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.
¿A QUÉ SE DEBE SU RECHAZO?
Opositores, jueces y trabajadores del sector aseguran que la reforma politizará la justicia. López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros.
El presidente también acusa a algunos jueces y magistrados de favorecer a delincuentes de alto perfil, aunque la reforma plantea proteger su identidad en casos de que arriesguen su vida.
La relatoría especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados llamó a “reconsiderar la propuesta” para salvar la “independencia judicial”.
Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos. Los candidatos “van a ser incluidos en una boleta electoral como la de cualquier votación partidista, y “van a aparecer quienes tengan contactos, financiamiento, etcétera”, acusa Roberto Zayas, funcionario judicial de 38 años.
Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la descomunal impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.
“Al no contemplar estos operadores, no se está llevando a cabo realmente la función de buscar una justicia óptima”, señala Leslie Urzúa, de Impunidad Cero.
“LA REFORMA JUDICIAL DE MÉXICO REPRESENTA UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA”
Estados Unidos sostiene que la reforma es un “riesgo” para la democracia y “amenaza” el acuerdo de libre comercio T-MEC. Asimismo, asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos. Lo anterior, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política.
El T-MEC, que se revisará en 2026, “depende de la confianza de los inversionistas”, advierte Washington. Canadá manifestó además que sus inversores “quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”. Sin embargo, López Obrador rechazó esas declaraciones como “injerencistas”.
Aunado a lo anterior, la reforma “llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal”, indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes. Desde la victoria de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado 15.7 por ciento hasta niveles cercanos a 19.6 unidades por dólar.
“Este desliz refleja las preocupaciones internas sobre la estabilidad económica del país que podrían estar reflejando en el menor crecimiento del PIB, y también la percepción de riesgo de que los inversionistas extranjeros están comenzando a atribuirle a México”, comentó Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en la firma Franklin Templeton.
El Banco Central de México recortó el miércoles su previsión de crecimiento para este año de 2.4 a 1.5 por ciento, según argumentó por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos. N
(Con información de AFP)
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